
Bravo Velarde, marino en retiro, empeñado en la defensa de la isla.
GRANDES PROYECTOS
“El proyecto permitirá la creación de millón y medio de nuevos empleos, se ganarían al mar 100 millones de metros cuadrados de nuevas tierras. Igualmente se incorporarían 300 mil hectáreas de nuevas tierras a la agroindustria y la ganadería y por si fuera poco habrían nuevas fuentes de agua, gas, petróleo y minería y miles de proyectos derivados”, asegura Bravo.
La construcción de un megapuerto, incluido aeropuerto, en la isla San Lorenzo ha despertado el entusiasmo de los chalacos que en asambleas efectuadas en los últimos días decidieron realizar diversas acciones que obliguen al gobierno a dar marcha atrás en su afán de concesionar el histórico islote a empresarios ligados a la construcción y exigir se apruebe el referido proyecto. Meses atrás Proinversión coloco a San Lorenzo entre los lugares que podrían ser entregados para obras urbanísticas sin tener en cuenta, como aseguran los estudiosos, su posición estratégica para la defensa nacional.
De inmediato, vecinos del primer puerto expresaron que de ninguna manera permitirán que San Lorenzo, pase a manos privadas. Representantes de organizaciones sociales, políticas y gremiales consideran que la mejor forma de que el Callao recupere su condición de gran puerto es con la construcción de un megapuerto.
“La principal forma de preservar este legado y recuperar el liderazgo histórico en America del Sur, es con la construcción de nuestro proyecto de megapuerto y corredor interoceánico”, afirma, mostrando los planos del proyecto, el capitán (r) de la Marina de Guerra Marcos Bravo Velarde.
También el dirigente social del Callao Pedro Morante y Gilda Espiel, representante de los jubilados truncos dicen que el pueblo chalaco apoya un megapuerto y se opone a la construcción de casinos y viviendas en la histórica isla, como pretende el proyecto oficial. Actualmente existe una gran diferencia entre las operaciones comerciales marítimas de Perú y Chile. Mientras el vecino del sur realiza transacciones por montos que ascienden a 7 mil millones de dólares, nuestro país apenas llega a los 900 millones de dólares, diferencia que podría cambiar a nuestro favor con un gran megapuerto.
Historia marítima
“Para construir el futuro veamos el pasado, si nos remontamos a las épocas preinca, inca, colonial y republicana veremos que la isla San Lorenzo ha tenido siempre un papel protagónico en el desarrollo del país, por lo tanto no podemos permitir que se entregue a manos privadas”, expresa Bravo.
Recordó cómo en la época del Inca Tupac Yupanqui navegantes de esta cultura llegaron hasta la Polinesia con una excelente construcción naval.
“Los antiguos peruanos demostraban así que tenían proyección del poder marítimo y logístico y debemos continuar en esa senda”, apunta. También en 1913 el visionario presidente Guillermo Billinghurst, con el ingeniero Krauss, proyectaron unir San Lorenzo con La Punta para construir una inmensa Dársena (muelle especial) y ser eslabón logístico con el canal de Panamá, pero al ser derrocado se frustró su intento.
“En la década del 70 Singapur pasó de ser un país subdesarrollado a ser uno de las más modernos en tecnología respetando la ecología, sin pobreza, sin desempleados, con altos niveles de Educación y de ingresos por persona, todo gracias a su ubicación y potencial marítimo similar al del Perú”, señala Bravo.
Está convencido de que el Perú tiene un gran potencial geoestratégico que debe ser aprovechado, pues somos un país marítimo, andino y amazónico como aparece en el Libro Blanco de la Fuerza Armada y San Lorenzo puede convertirse en una fortaleza nacional socioeconómica bioceánica y ser alternativa del canal de Panamá.
El proyecto del megaterminal multimodal de San Lorenzo tiene como su principal promotor al capitán de navío Lizandro Paredes quien, junto a diversos especialistas, presentaron años atrás el proyecto a instituciones nacionales e internacionales, recibiendo la aprobación de organismos como las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, el Congreso de la República y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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