Proyectos de concesión y autoritarismo presidencial

BASE NAVAL DEL CALLAO

1. INTRODUCCIÓN

Nuevamente se pone en evidencia el ávido interés del gobierno por otorgar en concesión a particulares, en el menor tiempo posible la mayor cantidad de activos del Estado Peruano, propiedades que forman parte del patrimonio común de nuestra sociedad. Si bien la Constitución de 1993 permite la entrega en concesión de propiedades estatales (Art.º 73), estas deben realizarse de manera justa y garantizando el máximo beneficio al Estado. Es de requerimiento jurídico un proceso transparente y debidamente supervisado.

La angurria presidencial se manifiesta ahora con la inconstitucional dación de poderes mediante el Decreto de Urgencia 001 y la polémica desafectación de un área acuática reservada (R.S. 034 2011) para su empleo en operaciones para la defensa nacional, desconociendo las normas y los procedimientos que lo rigen.

2. LOS HECHOS

Comenzando este último año de administración aprista, el presidente Alan García promulga el Decreto de Urgencia 001 (17/1/2011) con la finalidad de allanar el camino a la concesión de 33 obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, entre las que se encuentran dos que afectan las operaciones de la Marina de Guerra del Perú, el Terminal Norte Multipropósito del Callao y el proyecto Isla San Lorenzo-El Frontón.

El inciso 5.3 del DU-001-2011 indica lo siguiente: “b. Los terrenos y/o edificaciones de propiedad directa o indirecta del Estado incluyendo las empresas del Estado, requeridos para la concesión, serán transferidos automáticamente por la entidad titular de los mismos al concedente en la oportunidad en que éste lo señale y a título gratuito, por el solo mérito del Decreto Supremo del sector correspondiente.”

Quiere decir que basta la firma del Ejecutivo para “transferir automáticamente” la propiedad de las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa, a la empresa concesionaria, sin estudio, planeamiento o discusión técnica de las implicancias que estas podrían tener. El Poder Ejecutivo, es decir el presidente de la República se ha auto premunido de un enorme poder de decisión que sobrepasa las atribuciones democráticas, rompe con el balance de poderes y la supervisión popular. Organizaciones de la sociedad civil, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), se han opuesto a la dación de dichas normas de urgencia y han solicitado al Congreso de la República la derogación de las mismas (001 y el modificatorio 002).

El presidente de la República se ha autopremunido de un enorme poder de decisión que sobrepasa las atribuciones democráticas

El día viernes 27 de enero, el Ejecutivo firma la Resolución Suprema 034 (apenas 10 días después del DU 001), por la que se levanta la reserva para la defensa nacional de un área acuática ubicada en el interior de la rada del puerto del Callao, con la finalidad de adecuar la ley al proceso de concesión del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales y al Terminal Norte Multipropósito. Este documento ha sido criticado por Oficiales de la Marina, en situación militar de retiro, quienes fueron insultados por el presidente Alan García a quienes calificó de “golpistas” entre otros adjetivos.[1]

3. ANÁLISIS DE LOS HECHOS

El Decreto de Urgencia 001-2011 está sustentado por un argumento deleznable: “se sustenta además en un escenario en que la incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial, donde subyacen riesgos, no permite descartar escenarios de baja probabilidad pero con un alto impacto sobre la actividad económica” [2]

En la economía mundial siempre existirán riesgos e incertidumbres. La economía no es una ciencia exacta, por ser social, y no puede prever escenarios con exactitud en lo que el documento denomina de manera curiosa “escenarios de baja probabilidad y de alto impacto”. Los redactores del documento habrían emplearon estos eufemismos para esconder la verdadera intención.

Los redactores del documento habrían empleado estos eufemismos para esconder la verdadera intención.

En el caso de la polémica Resolución Suprema 034, firmada el viernes 27 de enero (apenas 10 días después del DU-001), se levanta la reserva para la defensa nacional de un área acuática ubicada en el interior de la rada del puerto del Callao.

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Sentimiento antimilitar del presidente García ha relegado a segundo plano la defensa nacional

BASE NAVAL DEL CALLAO

Medida del gobierno restringirá operaciones y maniobras, impedirá proyectos y dará golpe mortal al SIMA

Víctor Robles Sosa (*)

El ataque verbal lanzado contra los almirantes Jorge Montoya y Alfredo Palacios por el presidente Alan García indica que en la personalidad de éste subyace el espíritu antimilitar de los apristas de viejo cuño, aquellos que guardan aún una profunda aversión a lo castrense.

Sus propias palabras lo confirman cuando alude al viejo golpismo para rebatir los argumentos de Montoya y Palacios, en vez de responderles con argumentos. García ha recurrido al agravio (“golpistas”, “empleados”) en vez de usar argumentos.

La fobia presidencial es absurda en estos días, pues la injerencia militar directa en la política ha quedado sepultada en el pasado, no existe más. Hoy las fuerzas armadas son instituciones comprometidas con la democracia.

Las declaraciones de los almirantes Montoya y Palacios en contra de la concesión de las aguas de la base naval del Callao a un proyecto privado se enmarcan en esa realidad. No hay ninguna intención golpista detrás de ellas.

Tampoco hay justificación alguna para que el presidente los desprecie llamándolos “empleados” cuando son profesionales calificados que cumplen un rol constitucional importante. Es cierto que las FFAA le deben obediencia al poder civil, pero éste también le debe respeto a toda la nación.

Lo peor es que ese sentimiento antimilitar ha inducido al presidente a cometer el grave error de relegar a un segundo plano la defensa nacional, un aspecto que es vital para toda nación. Éste es el problema de fondo.

Por eso su gobierno carece de políticas de defensa y seguridad nacional; éstas se han dado según la buena o mala disposición del ministro de turno. La excepción positiva fue la gestión de Rafael Rey, quien encaró los problemas y tomó decisiones para resolverlos. Si no hizo más fue por falta de apoyo.

El Estado tiene mecanismos institucionales encargados de la defensa, como el Consejo de Defensa Nacional, al cual debió pedírsele su opinión sobre el uso de las aguas de la base naval del Callao para el proyecto del muelle para minerales.

Como García no pidió esa opinión antes de levantar la reserva, la Marina se ha visto obligada a hacer escuchar su voz, para hacer público el problema y pedir que se cumpla lo que manda la Constitución, nada más.

El ex comandante general de la Marina, Alfredo Palacios, ha señalado que la medida “restringirá en la rada interior sus operaciones y maniobras, y además impedirá el desarrollo de futuros proyectos de la Marina”, perjudicando así la defensa del Perú.

También, según Palacios, afectaría “las gradas de construcción y diques flotantes del astillero del Servicio Industrial de la Marina, –único de alto bordo en el país–, lo cual reduciría su capacidad de construcción de buques de alto bordo y los procesos de reparación de todas nuestras unidades”.

Si esto es verdad, la preocupación de ese instituto es justa y razonable, por lo tanto el presidente García debe convocar al Consejo de Defensa Nacional para discutir y analizar el reclamo de los mandos navales.

Sobre estos hechos, y llevado por su ignorancia en la materia, un columnista obsesionado con el ex ministro Rey y el almirante Luis Giampietri, ha culpado a estos de los graves errores cometidos por el gobierno aprista.

En honor a la verdad debo recordarle que fue Alejandro Toledo quien desarticuló nuestra defensa al desactivar 68 bases contra terroristas, dejar sin presupuesto a las FFAA y desatar la persecución indiscriminada contra los policías y militares que lucharon por la paz. Un sector del Apra respaldó ese despropósito en su momento.

Rey y Giampietri, por el contrario, han sido dos voces solitarias y persistentes en este gobierno reclamando rectificar el error y fortalecer la defensa. De hecho la gestión de Rey como ministro de Defensa ha sido aplaudida por los institutos militares.

Pero volviendo al tema de fondo, éste sigue abierto: El presidente García está yendo contra la Constitución si persiste en levantar la reserva de las aguas de la Base Naval del Callao obviando la consulta previa al Consejo de Defensa Nacional. Está obligado a hacerlo por mandato constitucional, no tiene otra opción.

(*) Periodista y analista político

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Militares reclaman a candidatos debate sobre Defensa Nacional

COMANDOS PERUANOS

Representantes de las Fuerzas Armadas consideraron una irresponsabilidad política que los candidatos presidenciales no hayan abordado en sus planes de gobierno la situación de la defensa nacional, por lo que los instaron a ponerle especial énfasis al tratarse de la seguridad de todos los peruanos y advirtieron que quien no lo haga será sancionado en las urnas.

El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya, dijo que “no he visto que haya una explicación sobre lo que prevén realizar respecto a la defensa nacional ni cómo enfocan la labor de los institutos armados en el desarrollo del país. Los candidatos tienen que revaluar sus programas de Gobierno y centralizarse en lo que concierte a este tema a futuro”.

Para el vicealmirante en retiro es momento de que los aspirantes a la Presidencia de la República incluyan en el debate público el tema de la Defensa Nacional y su real importancia a desarrollar a mediano y largo plazo.

Montoya consideró además que los candidatos deben tener “ideas claras” sobre cómo hacer frente a la lucha contra el narcotráfico y la subversión en la zona del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) y el Huallaga.

“Estar en campaña electoral implica tener una visión completa del país, no se puede hacer ninguna obra de desarrollo si la defensa y la seguridad no están presentes, este tema es muy importante para cualquier país”, recalcó.

En tal sentido, lamentó que los candidatos hasta el momento no hayan presentado al país planteamientos concretos, por ejemplo, en materia de repotenciación de las Fuerzas Armadas o liderar la lucha contra los remanentes del narcoterrorismo.

Bomba de tiempo

Por su parte, el general FAP (r) César Sánchez del Solar criticó que “pese a que estamos en una peligrosa situación de indefensión en el frente interno y externo, los candidatos no han planteado propuestas claras respecto a la seguridad y defensa nacionales”.

Indicó que “Alejandro Toledo es uno de los que impulsó el desarme unilateral, por lo que su eventual regreso sería desastroso para la seguridad del país. Sobre todo si tenemos en cuenta que dentro de poco se resolverá el diferendo marítimo con Chile. Hay que preguntarse: ¿qué pasa si la Corte nos da la razón y los chilenos no lo cumplen?”.

“Si no se fortalece nuestra capacidad disuasiva, estamos cobijando una bomba de tiempo que le puede estallar al próximo gobierno. Por eso esperamos que los candidatos se den cuenta de ello y pongan en debate este tema, sobre todo porque quienes no lo hagan serán sancionados en las urnas por la familia militar policial. La ciudadanía debe saber que su voto es un acto de patriotismo”, acotó.

Finalmente, el general EP (r) Germán Parra dijo que:

“Todos los candidatos hablan del buen nivel económico del país, el mismo que aseguran que van a continuar, pero se olvidan que cuanto más rico es un país, se convierte en un plato más apetecible para los demás. Y si no se tiene un nivel de defensa adecuado, pues nos convertimos en un bocado fácil”.