Proyectos de concesión y autoritarismo presidencial

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1. INTRODUCCIÓN

Nuevamente se pone en evidencia el ávido interés del gobierno por otorgar en concesión a particulares, en el menor tiempo posible la mayor cantidad de activos del Estado Peruano, propiedades que forman parte del patrimonio común de nuestra sociedad. Si bien la Constitución de 1993 permite la entrega en concesión de propiedades estatales (Art.º 73), estas deben realizarse de manera justa y garantizando el máximo beneficio al Estado. Es de requerimiento jurídico un proceso transparente y debidamente supervisado.

La angurria presidencial se manifiesta ahora con la inconstitucional dación de poderes mediante el Decreto de Urgencia 001 y la polémica desafectación de un área acuática reservada (R.S. 034 2011) para su empleo en operaciones para la defensa nacional, desconociendo las normas y los procedimientos que lo rigen.

2. LOS HECHOS

Comenzando este último año de administración aprista, el presidente Alan García promulga el Decreto de Urgencia 001 (17/1/2011) con la finalidad de allanar el camino a la concesión de 33 obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, entre las que se encuentran dos que afectan las operaciones de la Marina de Guerra del Perú, el Terminal Norte Multipropósito del Callao y el proyecto Isla San Lorenzo-El Frontón.

El inciso 5.3 del DU-001-2011 indica lo siguiente: “b. Los terrenos y/o edificaciones de propiedad directa o indirecta del Estado incluyendo las empresas del Estado, requeridos para la concesión, serán transferidos automáticamente por la entidad titular de los mismos al concedente en la oportunidad en que éste lo señale y a título gratuito, por el solo mérito del Decreto Supremo del sector correspondiente.”

Quiere decir que basta la firma del Ejecutivo para “transferir automáticamente” la propiedad de las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa, a la empresa concesionaria, sin estudio, planeamiento o discusión técnica de las implicancias que estas podrían tener. El Poder Ejecutivo, es decir el presidente de la República se ha auto premunido de un enorme poder de decisión que sobrepasa las atribuciones democráticas, rompe con el balance de poderes y la supervisión popular. Organizaciones de la sociedad civil, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), se han opuesto a la dación de dichas normas de urgencia y han solicitado al Congreso de la República la derogación de las mismas (001 y el modificatorio 002).

El presidente de la República se ha autopremunido de un enorme poder de decisión que sobrepasa las atribuciones democráticas

El día viernes 27 de enero, el Ejecutivo firma la Resolución Suprema 034 (apenas 10 días después del DU 001), por la que se levanta la reserva para la defensa nacional de un área acuática ubicada en el interior de la rada del puerto del Callao, con la finalidad de adecuar la ley al proceso de concesión del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales y al Terminal Norte Multipropósito. Este documento ha sido criticado por Oficiales de la Marina, en situación militar de retiro, quienes fueron insultados por el presidente Alan García a quienes calificó de “golpistas” entre otros adjetivos.[1]

3. ANÁLISIS DE LOS HECHOS

El Decreto de Urgencia 001-2011 está sustentado por un argumento deleznable: “se sustenta además en un escenario en que la incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial, donde subyacen riesgos, no permite descartar escenarios de baja probabilidad pero con un alto impacto sobre la actividad económica” [2]

En la economía mundial siempre existirán riesgos e incertidumbres. La economía no es una ciencia exacta, por ser social, y no puede prever escenarios con exactitud en lo que el documento denomina de manera curiosa “escenarios de baja probabilidad y de alto impacto”. Los redactores del documento habrían emplearon estos eufemismos para esconder la verdadera intención.

Los redactores del documento habrían empleado estos eufemismos para esconder la verdadera intención.

En el caso de la polémica Resolución Suprema 034, firmada el viernes 27 de enero (apenas 10 días después del DU-001), se levanta la reserva para la defensa nacional de un área acuática ubicada en el interior de la rada del puerto del Callao.

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Sentimiento antimilitar del presidente García ha relegado a segundo plano la defensa nacional

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Medida del gobierno restringirá operaciones y maniobras, impedirá proyectos y dará golpe mortal al SIMA

Víctor Robles Sosa (*)

El ataque verbal lanzado contra los almirantes Jorge Montoya y Alfredo Palacios por el presidente Alan García indica que en la personalidad de éste subyace el espíritu antimilitar de los apristas de viejo cuño, aquellos que guardan aún una profunda aversión a lo castrense.

Sus propias palabras lo confirman cuando alude al viejo golpismo para rebatir los argumentos de Montoya y Palacios, en vez de responderles con argumentos. García ha recurrido al agravio (“golpistas”, “empleados”) en vez de usar argumentos.

La fobia presidencial es absurda en estos días, pues la injerencia militar directa en la política ha quedado sepultada en el pasado, no existe más. Hoy las fuerzas armadas son instituciones comprometidas con la democracia.

Las declaraciones de los almirantes Montoya y Palacios en contra de la concesión de las aguas de la base naval del Callao a un proyecto privado se enmarcan en esa realidad. No hay ninguna intención golpista detrás de ellas.

Tampoco hay justificación alguna para que el presidente los desprecie llamándolos “empleados” cuando son profesionales calificados que cumplen un rol constitucional importante. Es cierto que las FFAA le deben obediencia al poder civil, pero éste también le debe respeto a toda la nación.

Lo peor es que ese sentimiento antimilitar ha inducido al presidente a cometer el grave error de relegar a un segundo plano la defensa nacional, un aspecto que es vital para toda nación. Éste es el problema de fondo.

Por eso su gobierno carece de políticas de defensa y seguridad nacional; éstas se han dado según la buena o mala disposición del ministro de turno. La excepción positiva fue la gestión de Rafael Rey, quien encaró los problemas y tomó decisiones para resolverlos. Si no hizo más fue por falta de apoyo.

El Estado tiene mecanismos institucionales encargados de la defensa, como el Consejo de Defensa Nacional, al cual debió pedírsele su opinión sobre el uso de las aguas de la base naval del Callao para el proyecto del muelle para minerales.

Como García no pidió esa opinión antes de levantar la reserva, la Marina se ha visto obligada a hacer escuchar su voz, para hacer público el problema y pedir que se cumpla lo que manda la Constitución, nada más.

El ex comandante general de la Marina, Alfredo Palacios, ha señalado que la medida “restringirá en la rada interior sus operaciones y maniobras, y además impedirá el desarrollo de futuros proyectos de la Marina”, perjudicando así la defensa del Perú.

También, según Palacios, afectaría “las gradas de construcción y diques flotantes del astillero del Servicio Industrial de la Marina, –único de alto bordo en el país–, lo cual reduciría su capacidad de construcción de buques de alto bordo y los procesos de reparación de todas nuestras unidades”.

Si esto es verdad, la preocupación de ese instituto es justa y razonable, por lo tanto el presidente García debe convocar al Consejo de Defensa Nacional para discutir y analizar el reclamo de los mandos navales.

Sobre estos hechos, y llevado por su ignorancia en la materia, un columnista obsesionado con el ex ministro Rey y el almirante Luis Giampietri, ha culpado a estos de los graves errores cometidos por el gobierno aprista.

En honor a la verdad debo recordarle que fue Alejandro Toledo quien desarticuló nuestra defensa al desactivar 68 bases contra terroristas, dejar sin presupuesto a las FFAA y desatar la persecución indiscriminada contra los policías y militares que lucharon por la paz. Un sector del Apra respaldó ese despropósito en su momento.

Rey y Giampietri, por el contrario, han sido dos voces solitarias y persistentes en este gobierno reclamando rectificar el error y fortalecer la defensa. De hecho la gestión de Rey como ministro de Defensa ha sido aplaudida por los institutos militares.

Pero volviendo al tema de fondo, éste sigue abierto: El presidente García está yendo contra la Constitución si persiste en levantar la reserva de las aguas de la Base Naval del Callao obviando la consulta previa al Consejo de Defensa Nacional. Está obligado a hacerlo por mandato constitucional, no tiene otra opción.

(*) Periodista y analista político

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Áreas marítimas y defensa nacional

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Por Alfredo Palacios Dongo

El pasado viernes 28 de enero se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema N.° 034-2011-DE/, en la que sin pedir opinión a la Marina de Guerra del Perú, se dispone levantar la reserva de un área acuática establecida para fines de Defensa Nacional, para la construcción y concesión por 20 años de un terminal de embarque de minerales al norte del muelle 7, y sobre el cual no existe un estudio técnico oceanográfico.

Dicho levantamiento afecta un área comprendida entre el muelle N°5 de minerales y el varadero “el ancla”, y por su cercanía y orientación al muelle marginal, donde se amarran las unidades navales, restringirá en la rada interior sus operaciones y maniobras, y además impedirá el desarrollo de futuros proyectos de la Marina. De igual forma, en el Terminal Norte Multipropósito, de acuerdo a lo planteado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), se proyecta la ampliación de unos cien metros del muelle N.° 5 de minerales, lo cual afectaría otra zona del área acuática de la Base Naval, y además, las gradas de construcción y diques flotantes del astillero del Servicio Industrial de la Marina —único de alto bordo en el país—, lo cual reduciría su capacidad de construcción de buques de alto bordo y los procesos de reparación de todas nuestras unidades en los diques flotantes, y truncaría futuros proyectos de nuevos diques para reparaciones de buques más grandes tipo panamax.

Bajo este panorama, se estarían proyectando además otros trabajos de expansión portuaria circundantes a la Base Naval del Callao, la cual no debería estar comprendida dentro del proceso de promoción a la inversión, y la Marina de Guerra, como parte integrante de las FF AA, cuya finalidad primordial es la de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, debe ser consultada sobre cualquier modificación o afectación de áreas acuáticas para la Defensa Nacional. La Marina cuenta con 51 áreas acuáticas en todo el territorio –reservadas con RS N.° 694-2005-DE/MGP– para cumplir sus funciones, las que conjuntamente con sus unidades, dependencias, bases, instalaciones portuarias, capitanías de puerto, entre otras, están destinadas en uso exclusivo y reservado para la Defensa Nacional, para garantizar el control y la seguridad de nuestro dominio marítimo de 200 millas, y los ámbitos lacustre y fluvial en el territorio nacional.

Por último, el presidente Alan García personifica a la Nación y no debería emplear expresiones desmedidas al hablar de “golpe militar” ni usar frases ordinarias como “cada chancho a su rancho” contra quienes, como cualquier ciudadano, nos hemos manifestado en contra de dicha medida por afectar la Defensa Nacional.

Expreso, 05.02.2011.